Diego Velázquez, “Las hilanderas” (1657). En primer término, cinco mujeres preparan lanas para hilar y trabajan afanosamente en un tapiz. Al fondo, otras mujeres ricamente vestidas contemplan un tapiz, que acabarán adquiriendo. Trabajo y capital, unidos en esta empresa de tapices.

Las empresas en el sistema de «economía libre»

 Las empresas son centros de inversión (exigen bienes, capital) y de pro­ducción (necesitan equipos, instalaciones y materias primas). Son además órganos de decisición económica y de gestión individual: órganos de decisión económica, pues  el empresario toma de manera autónoma, previendo el comportamiento del mercado, las decisiones sobre la planificación de la ac­tividad empresarial, disponiendo los factores de pro­ducción, calculando costos y beneficios, fijando libre­mente los precios; órganos de gestión individual, pues aunque las decisiones se toman por la empresa, pueden ser varias las personas que in­tervienen en el desarrollo de la gestión. Y, por fin, son órganos de ejecución. Estos órganos persiguen la rentabilidad máxima del capital invertido, incrementándolo de la mejor forma posible. 

La empresa se mueve por la «busca del beneficio máximo», mediante una oferta competitiva, siguiendo unas veces la conveniencia de reducir los costes, y otras veces la oportunidad de elevar los precios de venta.

El beneficio es el motor de la acción empresarial, el estímulo que, de un lado, orienta a los empresarios y, de otro lado, atrae a los factores de producción (capital y trabajo), pues estos últimos buscan la oferta más rentable. Pero son los consumidores, en úl­tima instancia, los que con sus preferencias condicionan el bene­ficio. Y cuando el mercado es abierto y a él concurren libremente varios empresarios, tiende a producirse un equilibrio entre la oferta y la demanda, reduciéndose el beneficio a límites norma­les.

El empresario pone las condiciones de su extinción cuando se desentiende de la libre competencia y pide al gobierno subvención para sus compras, créditos baratos, privilegios, protección de la competencia y fijación de altos precios para sus productos. Desaparece entonces la economía de mercado y surge la economía centralizada.

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Las empresas en el sistema de «economía centrali­zada» o intervenida

 Estas empresas son órganos estatales de una planificación externa a la empresa que señala el tipo, el modo y las expectativas de la producción. La empresa no es autónoma dentro del sistema económico, sino que es un «órgano» de la instancia superior de planificación. Son en realidad unidades de control: los controles son realizados por los distintos grupos implicados en la empresa, mediante codeterminación o autogestión vinculadas a una esfera de acción planificada desde fuera y limitadas a su carác­ter de órganos del conjunto económico: la autogestión se refiere sólo a los problemas internos. Y son también unidades de producción: aunque les vienen fijados externamente los costes de producción, los precios, la cantidad de productos, los rendimientos y los tipos de mercado. Sólo de ese modo se hacen rganos de ejecución del plan, dependientes del cen­tro de planificación económica, mas no unidades de rentabilidad máxima.

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Empresa y orden económico: ¿Capitalismo o   Empresarismo?

 Determinados economistas —en una línea que va de Marx a Keynes y Galbraith— afirman que el proceso capitalista ha sido impulsado por abundante inversión corriente y, debido a esta in­versión, se ha hecho posible la economía de mercado; pero indi­can que cada vez más las oportunidades de inversión privada es­casean o están desapareciendo. En primer lugar,  argumentan que en nuestra sociedad económicamente desarrollada adquieren ma­yor relieve los gastos de equipamiento social que no pueden ser compensados con «beneficios» económicos —o están más allá de la oferta y la demanda—, como los referidos a la salud, a la enseñanza, a la conservación del medio ambiente, y al patrocinio de las artes y las ciencias. En segundo lugar, sostienen que la tecnoestructura está asumiendo el poder de las relaciones eco­nómicas y obliga a que desaparezca el control del empresario so­bre el capital. El desarrollo económico exige la tecnoestructura, la planificación computerizada, llevada a cabo por un grupo pe­queño de cerebros que guían la empresa. La clase técnico-geren­cial, precisamente en cuanto grupo que posee información espe­cializada, constituye la tecnoestructura, la cual desplaza al accio­nista (cuya función empresarial se reduce a aprobar la gestión de los managers) y al empresario individual[1].

Pero, otros economistas —en la línea que va de Friedmann a von Mises— aunque aceptan que los gastos de equipamiento social son necesarios, sostienen que no por ello debe desaparecer la in­versión empresarial. A parte ante, debe reconocerse que es im­posible hacer un buen equipamiento social, no gravoso para otras necesidades ciudadanas, sin que exista previamente un soporte económico, un fuerte enriquecimiento general generado por la iniciativa empresarial. Y a parte post, no se ven razones de peso por las que esos servicios públicos no puedan ser realizados por la iniciativa privada  Aun reconociendo que de manera creciente aparecen en el ámbito de la gestión pública las actividades indus­triales desplegadas en puertos, centrales energéticas, medios de comunicación y otros tantos focos económicos que muestran gran capacidad para regirse por el metódo público de administración, no por ello las oportunidades de inversión deben desplazarse de la esfera privada a la pública, polarizándose la empresarialidad en los poderes públicos. ¿Por qué no puede ser compatible la titula­ridad del servicio público con la gestión privada de su prestación? La reducción del «servicio público» a la «gestión pública» pro­viene de un postulado que nada tiene que ver con la economía, sino con una ideología política de signo colectivista. En fin, ¿por qué la actividad pública no puede inducir una intensa actividad privada?

De otro lado, aunque tampoco pueda negarse la importancia económica de las grandes empresas, no es menos cierto que su existencia no se ha debido en la mayoría de los casos a la «maduración del sistema industrial» o a las «exigencias tecnológi­cas», sino a la «interferencia de los gobiernos». La concentración industrial se debe menos a causas económicas que a causas políti­cas que la fomentan: la presión fiscal, por ejemplo, provoca un mecanismo de autodefensa, por el que muchas empresas acaban fusionándose. Además, el conjunto del mercado actual no se mueve prácticamente por las grandes concentraciones de manu­facturación y de servicios públicos; existen también las redes eco­nómicas de comercio y servicios, individualizadas y cada vez más pujantes. Aparte de que las grandes industrias, como las relacio­nadas con la defensa, tienen, con relación a los demás valores, una rentabilidad inestable y siempre fluctuante. Por último es un cuento de hadas la «responsabilidad desindinvidualizada» de un grupo que no es nadie en concreto. El proceso psicológico de la «autoridad» en la decisión dimanada de un staff arranca siempre, de manera más o menos manifiesta, de un individuo, cuyo proto­tipo es justamente el empresario.

• La empresa desempeña en el conjunto social una «función financiera» triangular, de importancia decisiva: de un lado, se hace «órgano de inversiones de capital» (por la colocación del ahorro de la colectividad que busca beneficios); de otro lado, contribuye verti­calmente a la renta nacional dinamizando la circulación de otros capitales y pagando impuestos; y, de otro lado, culmina horizontalmente en la «creación de rentas per­sonales», conseguidas por los factores de producción, una vez que el empresario les retribuye su participación en el mismo producto social que ellos contribuyen a formar. Esta retribución es propiamente un «descuento del producto social». La empresa viene a ser así el cauce fundamental por el que la renta nacional discurre y se distribuye funcionalmente entre los factores de producción: la empresa es «instrumento de distribución de la renta nacional».

De aquí se puede concluir que el sistema de economía de mer­cado no es propiamente un capitalismo, sino un empresa­rismo. Porque aun cuando capital y trabajo son imprescindibles, no entran en juego sino cuando ha surgido del empresario una decisión para emplearlos en un proyecto[2]. El sistema económico debe ser definido no en función del capital, sino en función del empresario. El sistema de economía intervenida o centralizada se contrapone así al sistema de economía de libre empresa. El «capital» solo puede producir explotación humana y acumula­ción en manos de unos pocos: se constituye entonces en ideología, el «capitalismo». Pero  la actividad «empresarial» no debe con­cebirse como una fijación «capitalista», porque de hecho ni el capital de la empresa pertenece la mayoría de las veces al empre­sario, ni el empresario es auténtico hombre  cuando sólo se pone al servicio del capital.

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[1] Juan Marcos de la Fuente, El empresario y su función social, Fundación Cánovas del Castillo, Madrid, 1983, 42-55.

[2] Juan Marcos de la Fuente, op. cit., p.29.